 |
| Campesinos de Cajamarca (Perú), observando la devastación provocada por la empresa Yanacocha |
¿Se habían dado cuenta de que últimamente volvemos la vista con urgencia en España hacia la explotación de recursos naturales? ¿De que el fracking, el petróleo en las Canarias o el oro en Galicia van a ver la luz, le pese a quien le pese y pase lo que pase, por el bien de la nación? Esperemos que nuestro estado de derecho aguante esta nueva embestida de los más casposos intereses económicos, y que no llegue a pasar como en Perú.
Las amenazas, agresiones e intimidaciones a cuenta del conflicto minero continúan en Cajamarca. El pasado 15 de diciembre unos desconocidos irrumpieron por segunda vez en tres semanas en el domicilio de la abogada Mirtha Vásquez, vicedirectora ejecutiva del Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES). En la anterior oportunidad entraron en su casa y no robaron ninguno de sus bienes, dejaron las puertas completamente abiertas. Esta vez rompieron los vidrios de la ventana e irrumpieron sin que tampoco se llevaran ningún objeto de valor. También rompieron los espejos de la camioneta de Sergio Sánchez, otro miembro de la organización ambientalista peruana, delante de sus oficinas, sin que los robaran como suele ser el propósito de delincuentes comunes y, hace unas cinco semanas, otros desconocidos violaron el domicilio de Ivett Sanchez, secretaria de GRUFIDES, sin que se produjera robo alguno de bienes.
Que en todos los casos supieran de la ausencia de esas personas confirma el espionaje al que se sigue sometiendo a GRUFIDES, denunciado el pasado mes de julio por la revista peruana Caretas, por al menos dos servicios de inteligencia del Estado. Si no lo creen, pueden verlo en Operación Diablo, un documental de Stephanie Boyd ganador en 2008 en Berlín de The International Human Rights Film Award, la cosa viene de lejos.
Es muy probable, de hecho, que quienes se hallen detrás de este nuevo operativo sean los policías denunciados por agresiones a las abogadas defensoras de Marco Arana, uno de sus fundadores, justo antes del inicio de las investigaciones de la fiscalía, por detención arbitraria y tortura contra este párroco peruano, acontecidas el 5 de julio pasado durante las violentas protestas contra el proyecto minero Conga. Pueden ser también trabajadores de la empresa minera que sientan que las acciones de Grufides ponen en peligro sus intereses o, más grave aún, que puedan estar involucrados directivos de la propia empresa minera Yanacocha, que afronta varios juicios de parte de comunidades campesinas que son representadas por el equipo de abogados de Mirtha Vásquez.
Y no es sólo GRUFIDES: dos docenas de policías golpearon a la abogada Amparo Abanto, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, y a la comisionada Genoveva Gómez, abogada de la Defensoría del Pueblo, cuando estas intercedieron en junio por otros detenidos en protestas contra el proyecto Conga.
A raíz del espionaje y las amenazas de que fueron objeto los miembros de GRUFIDES en el marco de la Operación Diablo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares en favor de estos, que evidentemente el gobierno del ex-comandante Humala no está cumpliendo. Al contrario, en los últimos meses se han aprobado una serie de decretos y normas que profundizan la militarización y la opacidad del Estado peruano: a partir de ahora la policía puede levantar un cadáver sin esperar al juez, se establece la obligatoriedad de que los civiles colaboren con el servicio de inteligencia o se califica de secretos (y se sanciona como un delito su divulgación periodística) los asuntos de Seguridad y Defensa Nacional.
Cuando en España y en Europa nos encontramos en plena recesión, el Perú sigue creciendo a un ritmo superior al 6% del PIB, gracias al tirón de las industria minera, la columna vertebral de su economía según el Financial Times. Algo que representa el 60% de las exportaciones de un país, requiere ser protegido a toda costa, incluso declarando el estado de emergencia en varias provincias cuando las protestas de la población afectada así lo exigen, condenando a 45 años de prisión a quien corte una vía que afecte a la producción minera, o disparando contra manifestantes y peatones. Este año, los conflictos mineros en Cusco, Bambamarca y Cajamarca, han dejado al menos ocho personas muertas y decenas de heridos de diversa consideración.
Desgraciadamente el Perú es sólo un ejemplo, el más extremo, de una apuesta renovada por las políticas económicas extractivistas en la región, a las cuales estorba y enerva cualquier disensión o el Estado de Derecho mismo. Supuestamente, se van a construir estados del bienestar gracias al flujo de petróleo, cobre y oro de la cordillera andina y la cuenca amazónica, sin saber qué pasará cuando este maná se agote y las economías preextractivistas (agricultura, ganadería, turismo, etc.) hayan desaparecido, como la historia nos enseña en muchos otros casos.
De esta involución democrática no van a oír nada, olvídense. Las cifras macroeconómicas peruanas continuarán dándonos envidia y los expertos de turnos se afanarán a explicarnos las claves del milagro económico de moda. Otros como GRUFIDES seguirán exigiendo una estupidez tal como un estudio de impacto ambiental serio para una mina que afecta en cabecera a tres cuencas hidrográficas, demandando otra forma de desarrollo y exponiendo su vida si hace falta.
26.1.2013
No hay comentarios:
Publicar un comentario